Hacia el fin de la pobreza: Imperativo universal con corresponsabilidad local.

Rol de los municipios en la erradicación de la pobreza.

En Ecuador, febrero de 2014 vendrá con elecciones a nivel local (Gobiernos provinciales, municipales y parroquiales). Ya se preparan candidatas y candidatos, y sus programas de gobierno. Esta reflexión pretende generar algunas ideas iniciales para analizar estos programas y decidir el voto. Ideas que tendrán su reflexión en detalle a medida que se acerca e inicia la campaña. En ningún caso se abarca todo el accionar de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD, sino que se enfocan en el objetivo de #ErradicarPobreza. No se trata de reducirla, combatirla o aliviarla, sino de eliminarla. Se pretende además fomentar movilización social; factor indispensable para lograr esta meta que no es ambiciosa sino un imperativo universal. Es algo que debe ser hecho. Ya es hora.

Un primer llamado a que todos y todas revisemos la Constitución. El régimen de competencias (Arts. 260 a 269), establece las atribuciones de cada nivel de gobierno; mismas que se amplían en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD (Arts. 28 al 71). De la misma manera es importante revisar, en el COOTAD, las facultades y atribuciones ejecutivas de alcaldes/as y prefectos/as, y normativas y de fiscalización de concejales/as municipales, consejeros/as provinciales y de presidentes y vocales de las juntas parroquiales rurales. Gran parte de lo que puede o no hacer un GAD pasa por temas de regulación, que se establecen mediante ordenanzas, resoluciones y reglamentos, de los Concejos Municipales, Consejos Provinciales y Juntas Parroquiales.

Es importante considerar las competencias de cada nivel de gobierno y las atribuciones de cada dignidad para opinar, decidir y movilizarse de manera informada y consistente. Es necesario además exigir la articulación necesaria entre niveles de gobiernos, en las competencias concurrentes. El poder popular se logra desde la participación ciudadana.

La pobreza es un fenómeno que indica carencias o privaciones. Es la falta de bienestar, el no-desarrollo. Incluye factores coyunturales como la capacidad de producir y consumir bienes y servicios, así como determinantes estructurales de exclusión y explotación. La pobreza se refleja en la carencia de derechos y libertades, en el uso del tiempo y la satisfacción subjetiva (la felicidad). No hay una definición única de bienestar, desarrollo, ni de necesidades; por lo tanto no hay una concepción universal de pobreza.

La pobreza es una noción política, que parte de una construcción socio-cultural. ¿Qué es pobreza?, es algo que establece la sociedad, no en un libro de texto, mucho menos desde el Banco Mundial con el absurdo de consumo equivalente a USD ~2 al día, menos con ingreso. ¿Por qué absurdo?... primero, no todo lo que genera bienestar se puede cuantificar en términos monetarios, y segundo no todo lo que genera bienestar se puede encontrar en un “mercado” de transacciones monetarias, ni todos/as tenemos acceso a ese “mercado”. La pobreza es multidimensional.

En el Ecuador, desde la idea del Buen Vivir, la pobreza se entiende como la privación de derechos, la negación de la ciudadanía; una condición de violencia y desigualdad inaceptable. Los derechos no son favores ni privilegios. La erradicación de la pobreza, entonces, parte del fomento de las libertades y capacidades, pero también de la garantía derechos, incluyendo los de la naturaleza, así como desde el logro de la igualdad en la diversidad.

Erradicar pobreza: Garantizar el derecho al territorio

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD, deben garantizar el derecho a la ciudad y al campo: al disfrute del espacio público y del tiempo, al uso sustentable, incluyente y solidario del territorio, de sus recursos y capacidades, a contar con acceso a servicios y medios de movilidad sustentables. El ordenamiento territorial, la regulación y control público y el fomento de la participación ciudadana, son componentes que no deben faltar en las propuestas de gobierno local.

Un determinante de la pobreza en el Ecuador es la falta de servicios de saneamiento (agua segura, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y gestión integral de desechos sólidos). Estas determinan más del 50% de la pobreza por necesidades básicas, y condicionan a la desnutrición infantil (un/a niño/a que no tiene acceso a estos servicios seguramente tendrá problemas de desnutrición crónica). Estos servicios son competencia exclusiva de los GAD Municipales y se relacionan con los derechos del Buen Vivir: a la vivienda digna, al ambiente sano, al agua segura, a la seguridad y soberanía alimentaria y a la salud. En resumen, a la vida digna.

A diciembre de 2012, a nivel nacional, según datos de la ENEMDUR, el 25,5% (29,1% en 2006) de los hogares ecuatorianos no cuentan con servicio de agua por red pública y el 44,5% (47,1% en 2006) carece de servicio de alcantarillado por red pública. Porcentajes que se incrementan al 63,7% (73,1% en 2006) y 79,4% (86,8% en 2006) en zonas rurales, respectivamente. [Puede revisar www.sni.gob.ec para mayor detalle de datos]. Lograr una cobertura mayor al 95% de hogares con servicios de saneamiento es una meta del Estado, al 2017. Estos servicios son de competencia de los GAD Municipales. Lograr la meta señalada, es una condición indispensable para la erradicación de la pobreza por necesidades básicas.

“Candidato a alcalde/sa que no tenga en su programa de gobierno proyectos de agua y saneamiento, difícilmente será un/a buen alcalde/sa”. Así lo dijo el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, en la devolución a la ciudadanía del Plan Nacional para el Buen Vivir, PNBV, 2013-2017. Importante complementar y decir que pueblo (mandante) que no se movilice y exija estos servicios, difícilmente tendrá un/a buen/a alcalde/sa. Pueblo que crea en “modelos exitosos” de privatización y exclusión verá a los “ricos” cada vez más “ricos” y a los “pobres” cada vez más “pobres”, con servicios públicos como privilegios de unos/as pocos/as.

Salud y educación, son derechos que el Estado debe garantizar. Para esto se está implementando el proyecto de distritos y circuitos que debe llevar los servicios desconcentrados del Estado central a todo el territorio nacional, con calidad y pertinencia. Son 140 distritos y 1.134 circuitos, a nivel nacional (cubriendo los 221 cantones/municipios), que pretenden organizar la oferta de servicios públicos. Pero se debe trabajar en el acceso. Los GAD deben garantizar: viabilidad urbana y rural (accesos), nuevas centralidades que eviten la necesidad de largos desplazamientos para acceder a los servicios, medios de movilidad incluyentes y sustentables, y programas complementarios dentro de sus competencias.

La protección de derechos y la atención especializada a grupos de atención prioritaria, en particular a la primera infancia, niños/as y adolecentes, jóvenes, los/as adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas en condición de movilidad humana son también competencias del Estado que involucran a los GAD de manera concurrente. Se debe garantizar espacios públicos incluyentes, fortalecer las juntas de protección de derechos, articular con otros niveles de gobierno para la prestación de servicios e implementación de programas para el desarrollo integral de la primera infancia, cuidados a adultos mayores, así como la generación de espacios y actividades para niños/as y juventudes.

La pobreza no se podrá erradicar sin transformaciones profundas en las estructuras económicas. Se debe fomentar las vocaciones productivas de los territorios, mejorar su productividad, democratizar el acceso a los medios de producción, en particular el agua, la tierra, la tecnología y el crédito, cambiando las relaciones de distribución y poder. La redistribución incluye democratizar la generación de la renta urbana y rural, garantizar la propiedad y servicios de apoyo a la producción. El fomento productivo debe darse pensando en la complementariedad de lo urbano y lo rural, y garantizando sustentabilidad ambiental. Esto requiere planificar y ordenar el territorio. Garantizar la competitividad territorial con medios de transporte, almacenamiento y venta de productos, brindar las condiciones de comunicación y acceso a tecnologías de información y conocimiento, fomentar la innovación.

Garantizar el derecho al trabajo digno, para todos y todas, demanda acciones concretas de los GAD. Fomentar la economía popular y solidaria, EPS, requiere el registro y fortalecimiento de sus actores. Fomentar la asociatividad, pero también el trabajo individual, autónomo y no-remunerado, brindar capacitación, y apoyar la ocupación creativa. Usar las compras públicas como medio de inclusión, en particular en lo referente a servicios y bienes de consumo que adquiere el Estado. Fortalecer a actores de la EPS y delegar, como lo permite el COOTAD (Art. 283), la prestación de servicios públicos. La generación de espacios y el ordenamiento del territorio deben fomentar las condiciones necesarias para el trabajo digno de todos y todas. Fomentar el pleno empleo mediante propuestas de trabajo o empleo público relacionado a actividades que fomenten la generación de infraestructura productiva y de servicios.

Los GAD tienen como competencia el desarrollo y ordenamiento territorial. Las elecciones de Febrero de 2014 marcarán los programas territoriales para los próximos años. El derecho a la ciudad, debe ser la bandera de cualquier candidato/a a alcalde/sa: espacios públicos para todos y todas, movilidad incluyente y sustentable, hábitat y vivienda, servicios públicos de calidad y accesibles. El Buen Vivir rural o desarrollo rural debe dar el horizonte en los programas de candidatos/as a prefectos/as y a las juntas parroquiales. Solo con acciones coordinadas entre niveles de Gobierno y con la acción colectiva de actores públicos, privados y comunitarios se logrará tener territorios del Buen Vivir.

Los GAD ejercen la representación política. Es necesario definir el proyecto de territorio que se quiere implementar. La propuesta es uno que se enfoque en la erradicación de la pobreza. Entonces, cuidado con los modelos que privatizaron el espacio público, que crearon corporaciones privadas para hacer festín de los recursos públicos, que “alquilaron” o “vendieron” lo de todos/as para negocios privados, los que dan derechos como privilegio para ciertas “élites”. Cuidado porque están ahí, las derechas: con “modelos exitosos” de exclusión que pretenden mantenerse en el poder desde lógicas burguesas y coloniales; con “banqueros”, y sus mensajeros, molestos por tener que compartir el espacio que antes era solo para la “élite”; con otros que creen la autoridad pública viene por herencia y deben defender el negocio familiar (muchas veces generado mediante comodatos); y hasta con “guaguas caprichosos” capaces de pactar, a lo Lucio, con quién sea, porque no tienen nada que proponer y nada que hacer. Cuidado porque están en empresas de comunicación y redes “sociales” (virtuales) atacando gestiones progresistas, porque se les afectó el bolsillo.

En febrero próximo, pregunte a su candidato/a: ¿Qué hará para #Erradicarpobreza?