3 de febrero de 2011

Definiciones y aclaraciones alrededor de la Consulta-Referéndum

Reflexiones alrededor de la Consulta-Referéndum: Proceso, preguntas y revolución
Andrés Mideros Mora

Además del debate sobre la forma y fondo de la propuesta de preguntas para Consulta-Referéndum presentadas por el Presidente de la República, que fue motivo de la reflexión anterior (http://andresmiderosmora.blogspot.com/2011/01/referendum-y-consulta-popular-entre-el.html), es necesario definir alcances y consecuencias en el proceso político y la institucionalidad.

Es mi opinión que las preguntas 1 y 2 de la propuesta de Referéndum además de no resolver el problema del sistema de justicia en el Ecuador, plantean retroceder en materia de derechos (libertad, presunción de inocencia, justicia ágil y oportuna). No se debe modificar los derechos constitucionales, y las reformas a la Ley deben darse en la Asamblea Nacional, como primer mecanismo.Las preguntas 4 y 5 atentan con la independencia de poderes, modifican la estructura de la función judicial (Estado) y viola el principio de separación entre regulados y reguladores en la función pública. Es así que estas preguntas al restringir derechos, romper principios y alterar la estructura del Estado plantean la violación (no la enmienda) de la Constitución. Por su parte, la pregunta 3 del Referéndum cuestiona sobre la necesidad de independencia tanto de instituciones financieras como medios de comunicación, lo que bien implementado es beneficioso para que estas entidades cumplan su función social.

En cuanto a la Consulta, la pregunta 1 establece como delito el enriquecimiento privado no justificado, dejando abierta una puerta de subjetividades. La pregunta 2, no es clara en la relación causal entre juegos de azar y problemas sociales. Estas dos preguntas deberían resolverse en la Asamblea Nacional mediante propuesta legislativas para una adecuada regulación y eliminar subjetividades. Mientras que las preguntas 3, 4 y 5 de la Consulta, buscan definir principios básicos (en materia de: derechos de los animales, regulación de medios de comunicación y seguridad social), que son importantes para delinear el proceso legislativo, para la garantía de derechos.

Para entender la propuesta de preguntas, es necesario ver la debilidad y lentitud del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al no haber podido cumplir con celeridad sus funciones en el nombramiento de los/as integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura, así como de otros organismos aún en transición. Por su parte, las/os integrantes de la Corte Constitucional tampoco han sido nombrados según establece la Constitución. Esta debilidad, falta de celeridad y la no institucionalización en base a la Constitución de Montecristi, la captura de la justicia por poderes fácticos, la corrupción, y sin ninguna duda el creciente nivel de delincuencia y falta de seguridad. De manera adicional, se debe tener en mente lo ocurrido el 30 de septiembre de 2010 y de ahí la necesidad de fortalecer el poder, evidenciando el apoyo popular . De esta manera se da el contexto para que como parte de la revolución ciudadana se busque reformar el sistema de justicia. Entonces la revolución llama a acelerar el proceso y a confiar en el proyecto político, encarnado en el Presidente, para solucionar el sistema de justicia. En el fin todos y todas estamos de acuerdo, pero son los medios los que darán sostenibilidad a una justicia imparcial e independiente.

En el proceso de revolución, y para andar a “mil por hora” se requiere fortalecer la Función de Transparencia y Control Social, y las demás entidades del Estado. El Presidente tiene el apoyo y confianza de las/os ecuatorianas/os (por lo menos de la gran mayoría), pero se requiere confiar de la misma manera en las demás instituciones y en cada uno de los cinco poderes, y la ciudadanía debe exigir a cada una que, en cumplimiento de sus funciones, respete y ejecute el mandato popular establecido en el proyecto político, que apoyamos la mayor parte de ecuatorianas y ecuatorianos. En lo particular del sistema judicial, se requiere políticas integrales, inclusión social, respeto a la Constitución, institucionalización, evaluación, promoción y sanción a funcionarias/os judiciales y cambios en procedimientos (eficiencia). Es en estas políticas donde la coordinación (no intromisión) entre funciones es no solo necesaria, sino indispensable.

Hay que aclarar que el Presidente o Presidenta de la Republica tiene la facultad de convocar a Consulta Popular, y eso es lo que ha hecho. Después, la Corte Constitucional es el organismo que de manera independiente, y en derecho, debe dictaminar la constitucionalidad de las preguntas; y finalmente, todas y todos somos quienes decidimos con el voto. Hasta aquí lo preocupante es la falta de confianza en que la Corte Constitucional realice un dictamen independiente y en derecho, sin caer en presiones políticas (ni a favor, ni en contra), así como la desconfianza de que autoridades y ciudadanas/os, a favor y en contra, respeten ese dictamen.

Otra preocupación es que mediante la Consulta-Referéndum se aprueben temas (posiciones) no en base a democracia deliberativa y directa, sino por la popularidad del Presidente. En mi opinión, este punto no es de preocupación ya que creo fervientemente en la sabiduría popular, y estoy convencido que mientras más directa la democracia es mejor. Por su parte, en el ambiente político no hay nada que esperar de la oposición más que gritos y alaridos sin argumentos, pero con mucho espacio editorial en los (ni libres, ni objetivos) medios de comunicación.

Lo particular de este proceso es que sacó a la luz el debate dentro de Alianza País (dignidades electas, funcionarias/os públicos, miembros del movimiento y simpatizantes). Lo lamentable, es que se notó la ausencia de diálogo dentro del movimiento. Por un lado, la propuesta de preguntas no fue discutida de manera amplia, y por el otro quienes no están de acuerdo en lugar de debatir desde adentro prefieren renunciar o guardar silencio. No se puede entender un proyecto político y la conformación de un movimiento político sin debate interno. No se puede entender un proyecto político que no sea capaz de ver más allá de una propuesta de Consulta-Referéndum, de un período de Gobierno, de un Presidente. No se puede abandonar un proyecto político cuando este se está consolidando. Renunciar al diálogo y debate interno es renunciar a un proyecto a largo plazo.

La Consulta-Referéndum pasará, como lo han hecho ocho consultas populares en los últimos once años. Lo que quedará después es implementar lo establecido en la Constitución de Montecristi o abrir la puerta a futuras enmiendas, reformas, quebrantamientos y Asambleas. Quedará dar paso a un proyecto de Estado y sociedad, o quedarnos en procesos atados al poder (Gobierno) de turno. Y alrededor está fortalecer un proyecto y movimiento (partido) político de largo plazo, o volver a desarticular la izquierda.

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