Consulta Popular y Corridas de Toros

Reflexiones sobre la consulta popular y las corridas de toros en Quito.

Andrés Mideros Mora

El pasado mes de septiembre (2010), se presentó una solicitud al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para la convocatoria a consulta popular a fin de decidir (la petición va hacia prohibir, pero no se conoce la propuesta de pregunta) sobre las corridas de toros. Como antecedentes se tiene al llamado “movimiento antitaurino”, que incluye a personas, colectivos y movimientos sociales, que desde hace varios años han protestado contra esta práctica. La fuerza de este movimiento y el sentir de una parte importante de la población se evidencia no solo por las acciones de protesta, que cada vez convocan a un mayor número de personas, sino también desde la información de una encuesta de Cedatos-Gallup, de noviembre de 2008, donde los resultados para Quito indican que al 74% de la población no le gustan las corridas de toros, el 86% no va a las corridas de toros, y el 61% quiere prohibirlas. Es importante señalar que este estudio fue difundido en 2008, pero no se cuenta con una versión oficial que permita entrar en detalle en el contenido de la encuesta. Otro antecedente de importancia es la prohibición de las corridas de toros que aprobó el Parlamento de Cataluña (España), la cual entrará en vigor en enero de 2012.

Por su parte, en noviembre de 2009 la Defensoría del Pueblo emitió una resolución en la que se prohíbe el ingreso de personas menores de 12 años a las corridas de toros. Lamentablemente, esta resolución no ha sido cumplida por parte de las instituciones organizadoras de estos eventos, ni vigilada por el Municipio y la Policía Nacional. Importante ver que pasa este año. Vale recordar que esta resolución se da en defensa de los derechos de la niñez y adolescencia bajo el principio de “interés superior” (Constitución, artículo 44). Desde agosto del presente año, las manifestaciones contra las corridas de toros se han intensificado y han logrado un punto de encuentro del “movimiento antitaurino” en el pedido de consulta popular. La respuesta de quienes gustan de las corridas de toros, en su mayoría vinculados con la organización de estos eventos, ha sido pedir respeto al derecho a mantener una “tradición cultural”, donde “quienes no gustan, pueden no asistir”. Manifestaciones a favor de las corridas de toros se han dado, aunque en menor cantidad, y cuentan con pronunciamientos a favor de algunos/as concejales del Distrito Metropolitano de Quito (por ejemplo, Marco Ponce y Macarena Valarezo). Se debe entender que detrás de las corridas de toros además de una visión cultural, hay importantes intereses económicos.


Un tercer sector de la población es indiferente al tema, al señalar frases como “mientras no me molesten, que hagan lo que deseen”. Es así que se configuran tres grupos: uno que siente un beneficio por las corridas de toros, otro que es indiferente, y otro que siente perjuicio. Además de la dificultad para agregar preferencias y establecer el beneficio social neto, es clara la limitación para sensibilizar y entender que otro ser vivo es también parte de esta práctica, y difícilmente se puede decir que tiene un beneficio. Importante aclarar que la muerte del toro en el ruedo parece “beneficiar” a algunas personas “culturalmente”, pero no se puede decir que satisface alguna necesidad básica. Además, vale preguntarse si como sociedad podemos aceptar que la tortura y muerte de un animal se puede considerar como un "beneficio cultural"; en mi opinión la respuesta es no, y la respuesta no es solo por valores sino también legal, dados los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución.

Las respuestas desde el Municipio de Quito se han dado en dos sentidos. El primero, es la destacable apertura del Alcalde (Augusto Barrera) para recibir el pedido de consulta popular, y llevarlo a discusión en el Concejo Metropolitano (donde se requiere del voto favorable de las ¾ partes para ser aprobado). La segunda, salió de la Agencia Pública de Noticas del MDMQ, al habilitar un foro en internet para debatir el tema. Esta iniciativa fue bien vista en un inicio, pero la falta de participación del Municipio y moderación del debate generó un espacio que a la final fue inútil. Vale señalar que los espacios de deliberación deben ser construidos, pero se debe garantizar la presencia institucional y evidenciar los acuerdos del diálogo, caso contrario se pierde la confianza en la participación y en las instituciones.


Deuda pendiente del Municipio, en cuanto a generación de democracia deliberativa. Mientras tanto las manifestaciones a favor y en contra se van ubicando en posiciones extremas, por falta de diálogo, buscando desacreditar a quienes opinan diferente e imponer un criterio. El pedido de consulta se presentó al Municipio de Quito (en lugar de buscar la recolección de firmas, como primera opción) dando muestras de confianza de parte de la ciudadanía en que el Municipio pueda tomar decisiones frente a este pedido. El Alcalde, ha cumplido con su ofrecimiento y el pedido se debatirá en el Concejo Metropolitano, y se ha dado el espacio para que representantes de la ciudadanía participen en el debate, aunque se sabe que por la posición personal (no de representante) de algunas concejalas y algunos concejales difícilmente se tendrá el voto a favor del 75% del Concejo (12 de 16 miembros, 15 concejales/as y el Alcalde).


La decisión no es fácil para el Concejo Metropolitano, y no debería serlo, ya que se pone en debate distintos temas como: la cultura, la libertad, la vida, los derechos de la naturaleza y la cultural de paz. Además, no es claro si el Concejo Metropolitano tiene la capacidad y legitimidad para resolver sobre el tema. Recordemos que las concejalas y los concejales son representantes, de los intereses generales. Pero, ¿representan los valores sociales?. Si la decisión es negar el pedido de Consulta, se estaría imponiendo el criterio de un grupo (al parecer minoritario) de quiteñas y quiteños, lo que es atentatorio al igual que una prohibición de las corridas de toros desde el Concejo, a favor del criterio de otro grupo (al parecer mayoritario). Complicado, pero hay respuestas.


Vale analizar porque un espectáculo privado, donde el acceso es restringido a quienes compran una entrada (excluyente), y donde hay un número limitado de entradas (rival), se convierte en un tema de interés público. A esto cuatro consideraciones: i) varias personas han expresado su desacuerdo durante varios años; ii) en base al punto anterior, la realización del evento afecta los valores sociales y por ende reduce el bienestar general, necesitando por ello la intervención pública para regular; iii) las corridas de toros, tanto en su defensa como en su crítica vincula derechos y el Estado debe protegerlos y mediarlos; y, iv) determinar el bienestar general (agregar preferencias) requiere de procesos de deliberación y elección social.


En cuanto a los derechos es clara la garantía a la cultura y sus expresiones, cómo también es claro que esta (la cultura) no puede ser justificativo para afectar otros derechos. Las corridas de toros presentan violencia, la que se refleja en las lesiones y muerte de un ser vivo; esto llevó a la resolución de la Defensoría del Pueblo a garantizar el derecho de niños y niñas a no ser expuestos/as a este tipo de actos. La violencia, como parte de un acto cultural, contra un ser vivo vulnera los derechos de la naturaleza, la cultura de paz y la vida. Importante señalar que esto se establece en la Constitución, y por lo tanto las entidades del Estado tienen la obligación de actuar.


¿Qué hacer con la tradición?. Las tradiciones y expresiones culturales, como parte del patrimonio tangible e intangible, deben respetar y fomentar los derechos y la armonía con la naturaleza. No es del caso discutir si las corridas de toros son o no parte de las tradiciones de quiteñas y quiteños, ya que por lo menos para algunas y algunos si lo es. Entonces, se puede pensar en “tauromaquia” sin vulnerar derechos (sin violencia, sin tortura y respetando la vida); ¿es posible?, si lo es, ahí hay un camino para cambiar. Si no es posible, entonces quedará la historia para guardarla. Se debe entender que en un Estado Constitucional de Derechos, son los derechos los que priman, y la cultura no puede ir contra ellos. La cultura debe adaptarse a los valores sociales, los que cambian con el tiempo, y con estos cambian las tradiciones, las expresiones culturales, y la cultura en sí mismo.


El tema es de dominio público, y se debate en diferentes espacios. Curioso, pero entendible, que la posición de quienes defienden las corridas de toros es la de “dejar las cosas como están” (mantener el status quo), lo cual es muy fácil políticamente, pero es autoritario (como se mencionó). Mientras que la posición de quienes están en contra de las corridas de toros es la de ir a un proceso democrático (no se ha pedido una prohibición autoritaria). La consulta popular es el único medio para agregar preferencias sociales, en democracia, ya que la opinión de cada persona “vale” lo mismo (un voto), es decir respeta el criterio de todas y de todos. En mi opinión, no puede haber Consulta sin un proceso previo de deliberación que permita entender los argumentos e informar para que cada persona tome su decisión. Además, importante para establecer con claridad las propuestas.


Gran responsabilidad tiene el Concejo Metropolitano de Quito en este tema. Algunas personas han tratado de minimizar el pedido diciendo que “hay otros temas más importantes”. Sin duda hay muchos temas, pero ¿quién pone las prioridades? ó ¿no hagamos nada hasta que solucionemos todo?. Veremos hasta qué punto las concejalas y concejales del Concejo Metropolitano son coherentes con los derechos de la naturaleza, el derecho a la participación ciudadana y con la profundización de la democracia, y si son sensibles al nivel de legitimidad que tienen para decidir sobre ciertos temas y dar paso a la soberanía del pueblo en otros.